A mi entender, las opiniones divididas en sus versiones más radicales, sobre el proyecto Conga solo desnudan dos de los problemas más graves de la construcción de democracia en nuestro país. Por un lado, el Perú no termina de afianzar un claro modelo liberal respecto de sus instituciones. Si los derechos son el centro y presupuesto de cualquier discusión posterior y si somos herederos del iluminismo racionalista, deberíamos comenzar a ser coherentes de una buena vez: el liberalismo, en su formulación más ramplona implica el redimensionamiento del individuo dotado de derechos respecto del poder público, para mutilarlo o cercenarlo en sus pretensiones megalómanas (poder, maldito poder).
Pero por otro lado tememos arribar a la conclusión lógica del liberalismo porque seguimos creyendo que el dogmatismo estúpido de un grupo nos llevara al desastre (etnocentrismo, maldito etnocentrismo). Las ONGs maquiavélicas manejando los pensamientos de las estúpidas comunidades, sin atisbo alguno de raciocinio. Mientras los medios de comunicación siguen dividiendo estúpidamente a la opinión publica entre caviares y derechistas mercantilistas, perdemos de vista que lo que se requiere son soluciones coherentes y respetuosas de la diversidad cultural peruana.
Por un lado están los que idealizan a las comunidades indígenas, campesinas y a los movimientos de resistencia contra hegemónicos (básicamente anti mineros) desde una perspectiva comunitarista de pobre nivel argumentativo (ojo que mis argumentos no se dirigen contra el comunitarismo más sofisticado, el cual plantearía buenos argumentos para salir de la aporía). En este enfoque prima la intención por el inmovilismo de las comunidades por los siglos de los siglos (Amén). Tenemos entes condenados al anacronismo histórico y al folclor de la inmemorialidad. En su versión más peligrosa, esta forma de pensar avala un mayor nivel de etnocentrismo que el de la burda oposición mercantilista. La dualidad “Comunidades si, minería no” sustituye la decisión libre – baluarte liberal por excelencia – de las comunidades respecto de si quieren o no algún tipo de inversión, y de qué tipo quieren que sea.
Pero por otro lado tenemos un peligro igual, o más significativo por su claro talante autoritario: la derecha mercantilista. La misma parte del lema “inversión sí, sea como sea”. Para entrar en la psicología de esta manera de pensar tendríamos que remontarnos al concepto marxiano (no marxista) del extrañamiento. Del capital elevado a la potencia teológica que elimina cualquier forma de crítica contra hegemónica “porque destruyendo esa o esas lagunitas todos vamos a ganar mucha plata”.
Precisamente ambas formas de pensar que se predican liberales y defensoras de derechos, son los extremos de un debate que si fuera constructivo se llevaría a cabo lejos de ambos polos. En esa, por demás, utópica discusión tendríamos a los liberales libertarios hablando de un derecho irrestricto de las comunidades – y ni siquiera de ellas, entendidas como un cuerpo unitario, sino de cada uno de sus miembros (atomismo-individualista lo llamaría Sandel) – a decidir si se invierte o no en base a un derecho sobre las tierras que históricamente les han pertenecido (¡oh la historia y su uso por parte del poder!). Por otro lado tendríamos a quienes, desde una perspectiva más rawlsiana sostienen que es innegable que las comunidades, como todos nosotros tienen derechos, pero que es éticamente exigible algún nivel de sacrificio de cara a un bienestar agregado que no solo repercute en todos, sino también en quienes ceden libertad.
Este es el verdadero debate, el de la dicotomía entre mecanismos deliberativos con las comunidades, Estado y empresas para la inversión, y el que quita al Estado de la ecuación, dejando a las comunidades en la libertad de decidir si se invierte o no. Yo no encuentro en ninguna de estas posturas algún asomo de “caviarismo” o de fascismo pero en el debate público estas propuestas están invisibilizadas por una dicotomía por demás absurda y dañina para el respeto mutuo de quienes conviven en el Perú.
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